América Latina, que durante siglos acogió a millones de inmigrantes europeos, repudió este miércoles la dura ley contra los indocumentados aprobada por la Unión Europea, que contempla la detención de hasta 18 meses y la prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa. El Europarlamento aprobó este miércoles la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos, resultado de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
La decisión del Europarlamento fue muy mal recibida por Ecuador, cuyo presidente Rafael Correa anunció que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la iniciativa, a la que calificó de "vergüenza".
"Esperamos hacer una respuesta conjunta con los diferentes países de América Latina (...). Realmente es una vergüenza lo que ha hecho Europa", manifestó Correa al Canal Uno de televisión.
"Ya hemos iniciado los contactos" a nivel regional para lograr un frente común, con miras a protestar contra "esta agresión, este atentado a los derechos humanos", agregó.
Brasil deploró también la decisión del Europarlamento, por considerar que crea una "percepción negativa" de las migraciones.
"Brasil, país que recibió a millones de inmigrantes y descendientes, hoy armoniosamente integrados a la sociedad brasileña, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración", apuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La condena a la nueva norma europea coincidió este miércoles con las ceremonias oficiales en Brasil por el centenario de la inmigración japonesa, festejos que contaron con la presencia del príncipe heredero de Japón, Naruhito.
Perú lamentó la decisión europea y la llamó "discriminatoria". "Lamento profundamente la adopción de esa norma, que no se condice con la tradición europea. Esa norma de alguna manera discrimina", expresó el canciller peruano, José García Belaunde.
"Europa fue tierra de inmigrantes y debió tener consideración especial con los inmigrantes de otras partes", declaró a la radio local RPP, al pedir la revisión de la norma.
"Lamentablemente (la decisión europea) va en contrasentido de lo que hemos conversado (en la cumbre de Lima de mayo) sobre proteger los derechos humanos de los migrantes latinoamericanos", agregó.
En Buenos Aires, la cancillería emitió un comunicado en el que "lamenta los términos de la 'Directiva de Retorno' aprobada por el Parlamento de la Unión Europea", señala el comunicado.
Para el gobierno argentino, "la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano".
En la víspera de la decisión del Europarlamento, en Uruguay, cuya población está formada mayoritariamente por descendientes de inmigrantes europeos, el Senado rechazó por unanimidad este polémico proyecto de ley, aduciendo que "constituye una violación a los Derechos Humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional".
Organizaciones de derechos humanos también la repudiaron.
La argentina Madres de Plaza de Mayo indicó que "las medidas discriminatorias que quieren implementar con los inmigrantes de todos los países del llamado Tercer Mundo, con prisión y deportación, son medidas salvajes", en un comunicado firmado por su presidenta, Hebe de Bonafini.
Por su parte, Wilfredo Ardito, directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú consideró que la ley es una forma de "criminalizar a los pobres".
